Desaparición forzada en el Ecuador: análisis jurídico y obligaciones estatales

Resumen

La desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, debido a que afecta simultáneamente derechos fundamentales como la libertad, la integridad personal, la vida y el acceso a la justicia. En Ecuador, pese a la existencia de un marco normativo que reconoce y sanciona este delito, persisten desafíos relacionados con su prevención, investigación y reparación integral. En este sentido, la investigación se desarrolló en el contexto jurídico ecuatoriano y tuvo como objetivo analizar el marco legal aplicable a la desaparición forzada de personas, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, sanción, búsqueda y reparación previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país. Metodológicamente, se empleó un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y analítico, sustentado en los métodos dogmático-jurídico, hermenéutico y comparado, utilizando la revisión documental como técnica principal de recopilación de información. Los resultados evidenciaron que Ecuador cuenta con una base jurídica sólida, destacando la tipificación del delito en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal con penas de 22 a 26 años de prisión y la imprescriptibilidad reconocida en la Constitución. Sin embargo, entre 2022 y 2025 se registraron aproximadamente 30.000 reportes de personas desaparecidas, de los cuales 2.148 permanecían en investigación y al menos 51 correspondían a presuntas desapariciones forzadas. Se concluye que, aunque existe una adecuada armonización normativa con los estándares internacionales, persisten limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las obligaciones estatales en materia de verdad, justicia, búsqueda y reparación integral.